La tarjeta y la dignidad

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para garantizar -dicen- la sostenibilidad del sistema de salud pública y -añaden- mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Esta iniciativa ha resultado especialmente polémica en Catalunya porque es una manera nada disimulada de invadir las competencias autonómicas. De todos modos, me sorprende y me preocupa la escasa respuesta que, de momento, ha tenido el aspecto más discutible y alarmante de este real decreto ley 16/2012 de 20 abril, que es la retirada de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular que hoy viven en España. Si no demuestran que tienen todos los papeles en regla, estas personas no tendrán acceso a la sanidad pública a partir del día 1 de septiembre. Hasta ahora, bastaba con acreditar el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria.

El cambio es más relevante de lo que parece. Según el Ejecutivo popular, los extranjeros «no registrados ni autorizados como residentes en España» sólo recibirán atención de urgencias y, en el caso de las mujeres, asistencia al embarazo, parto y posparto. A los menores de 18 años se los tratará como a españoles a efectos sanitarios, supongo que para evitar que un gobierno democrático pueda ser acusado, a principios del siglo XXI, de desentenderse de la suerte de niños y adolescentes; los adultos con enfermedades infecciosas también podrían ser atendidos. Las autoridades afirman que el ahorro será de unos 500 millones, cifra discutida por varios expertos.

Hay líneas rojas que el Estado democrático no puede traspasar porque entonces pierde toda su autoridad como gestor del bien común. Una de estas líneas tiene que ver con los más débiles de entre los más débiles, que son los inmigrantes que malviven en el limbo jurídico que representa el hecho de no tener papeles. Desde nuestra condición de ciudadanos con todos los derechos y accesos a la red de servicios que nos proporcionan -a pesar de los recortes- las administraciones que sostenemos, nos cuesta mucho imaginar la existencia de quien está abajo de todo, allí donde la solidaridad llega con cuentagotas. Pero tenemos un deber ético y político de hacerlo, para evitar la deshumanización del extranjero y la nuestra.

No nos podemos permitir la deshumanización, eso querría decir que no hemos aprendido ninguna lección de la historia y que lo que pasó en Europa antes de 1945 no tiene ningún significado para nosotros. Debemos obligarnos a hacer el ejercicio de empatía con quien menos tiene, para luchar contra el mal corrosivo de la indiferencia anestesiante. El inmigrante sin papeles no es un fantasma aunque legalmente se le ignore, es alguien con unos derechos inalienables básicos y una dignidad que cuelga de pocos hilos. En este sentido, la atención sanitaria es clave para asegurar esta dignidad al extranjero que no dispone de un estatuto regularizado y, a la vez, es -como han subrayado algunas organizaciones- una medida elemental para evitar riesgos mayores y situaciones que desborden a las administraciones. Me parece que el camino más inteligente es aquí también la única posición éticamente defendible desde la tradición ilustrada y la cultura de los Derechos Humanos.

Soy partidario de hacer un debate a fondo, tranquilo y reflexivo, sobre qué prioridades debe tener una administración eficaz cuando, a raíz de la crisis, nos hemos dado cuenta de que es necesario repensar la organización del Estado de bienestar para que pueda seguir existiendo, para redistribuir la riqueza y crear cohesión social sin malgastar. Esta es una discusión pertinente antes, durante y después de la crisis, y al margen de la derrota de Zapatero o de la victoria de Hollande. Pero esta discusión no puede dejar de lado la dignidad de los más débiles,

Aunque lo parezca, no estamos hablando de inmigración. Estamos hablando de qué jerarquía queremos dar a la vida humana en una sociedad democrática avanzada y de si seremos capaces de hacer políticas justas aunque se deban hacer políticas muy duras. Los grandes partidos democráticos, de derecha y de izquierda, no pueden ceder en esta batalla por la dignidad de la persona.

PP y PSOE se acusan mutuamente de haber permitido la entrada irregular de extranjeros durante sus respectivos gobiernos anteriores, cuando la economía crecía. Los datos indican que los dos grandes partidos actuaron frívolamente años atrás. Ambos no tienen mucha credibilidad en este terreno. Hay que hablar seriamente de la necesidad de regular la inmigración que puede absorber cada Estado de la UE, precisamente porque la cohesión social, la integración y la dignidad de todas las personas exigen controles racionales y eficientes. Ahora bien, los recién llegados sin papeles que ya tenemos en casa no pueden ser tratados como objetos.

El Gobierno central está dispuesto a sacar adelante unas medidas sobre salud que no debemos aceptar. Los ciudadanos no podemos hacernos cómplices de una exclusión que, si se realiza, nos aboca a una forma especialmente cínica y miserable de barbarie.

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